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Las buenas intenciones no son suficientes

Un informe sobre la educación o un cortometraje de cine persiguen el mismo objetivo: que no haya más aulas vacías. Porque la educación es una responsabilidad compartida.

Hay millones de aulas vacías en el mundo. Las que no llenan los 264 millones de niños y jóvenes que no van a la escuela. Únicamente en América Latina y en el Caribe, el abandono escolar afecta a casi la mitad de los estudiantes de secundaria. Las causas son muchas: los problemas derivados de discapacidades, el vivir en un área rural, la falta de motivación o la violencia están detrás de ese porcentaje. Pero los responsables también, porque, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la educación es una responsabilidad compartida que exige aunar esfuerzos para hacerla progresar.

Hacer visible esta realidad es parte de una acción responsable. Este es el propósito del cortometraje “Las buenas intenciones”, del director colombiano Carlos Gaviria, que acaba de ser lanzado a nivel mundial y que puede ser visto de manera gratuita en internet. La producción pone de manifiesto cómo los escenarios de violencia y, en concreto, el reclutamiento de niños y jóvenes por bandas armadas guerrilleras y paramilitares, deja sin educación a miles de niños y adolescentes.

En “Las buenas intenciones”, el realizador colombiano sitúa en la ficción dos historias reales de las muchas que pudo conocer, la de un niño de una zona rural que, con su padre enfermo y tentado por el dinero, se deja captar por los paramilitares y la de una joven que sigue a su novio a la guerrilla. Gaviria denuncia con su cámara una realidad que no solo ha alejado a numerosos niños y jóvenes de las aulas sino que los ha expuesto a un futuro incierto.

Esta historia es una de las diez que integran la producción “El aula vacía”, dirigida artísticamente por el actor y realizador Gael García Bernal bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), primer organismo internacional en producir una idea similar.

Los organismos internacionales, al ayudar a fijar objetivos comunes y facilitar su cumplimiento, se implican para garantizar el derecho a la educación. Así lo asegura el recién publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2017/2018, más conocido como Informe GEM, que pone el dedo en la ausencia de rendición de cuentas como una de las causas del fracaso educativo. Porque, aunque los gobiernos son los principales garantes del derecho a la educación, hay numerosos actores que deben desempeñar un papel activo y exigir a los demás el cumplimiento de sus obligaciones. Pero, ¿quiénes son esos actores que tienen que rendir cuentas?

Los gobiernos tienen responsabilidades jurídicas con respecto a la educación y deben informar periódicamente sobre cómo están cumpliendo sus obligaciones. El informe sostiene que todos los países han ratificado al menos un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el derecho a la educación y el 82% de las constituciones nacionales tienen una disposición sobre el derecho a la educación. Esto permite a los ciudadanos exigir su cumplimiento.

Los ciudadanos, por su parte, pueden presionar a sus gobiernos mediante el proceso político para que cumplan sus promesas en materia de educación. Sin embargo, a los votantes les puede resultar difícil identificar a los responsables ya que, a menudo, las promesas electorales se centran en cuestiones visibles de infraestructura de la educación sin abordar aspectos más fundamentales pero menos tangibles, como podría ser la mejora de la capacitación profesional o la calidad de la educación.

La sociedad civil juega también un papel fundamental incidiendo de múltiples maneras. Los movimientos estudiantiles en Chile o en Sudáfrica, por ejemplo, consiguieron reducciones significativas en los precios de las matrículas universitarias y las asociaciones para la defensa de los discapacitados han demostrado ser instrumentos útiles para el cambio.

Al informar sobre los temas educativos, los medios de comunicación son actores privilegiados. Las denuncias por mala gestión, los incumplimientos políticos, los avances en la investigación o las nuevas tendencias pedagógicas son contenidos habituales de los medios de comunicación tradicionales que hacen de la prensa libre un instrumento de vigilancia fundamental. Junto a los medios tradicionales, los nuevos medios de comunicación social permiten de una forma inmediata y sin filtros crear opinión pública en materia educativa.

Las escuelas son responsables ante los gobiernos así como ante los padres y los propios alumnos. En la mayoría de los países el trabajo de los profesores se considera centrado en la enseñanza y el informe alerta del aumento constante de la obligación de impartir conocimientos y competencias transversales que van más allá de las asignaturas básicas.

El informe no deja de lado el papel de los padres como responsables de crear un ambiente adecuado así como de propiciar la asistencia escolar, el esfuerzo y el buen comportamiento de sus hijos. El absentismo escolar es un problema muy común con consecuencias claramente vinculadas con la repetición de curso y  la deserción escolar. Aunque muchos países tienen leyes que obligan a los padres a rendir cuentas por la inasistencia de sus hijos a la escuela, la UNESCO insiste en que la ausencia de los alumnos de las aulas puede ser atenuada desde las familias y que debe ir acompañada de una estructura de apoyo para la prevención.

Por último, los agentes privados con ánimo de lucro del tipo de comedores escolares o de editoriales de libros de texto no deben dejarse de tener en cuenta. Además, las clases particulares son, según el informe, otro fenómeno que atañe, como mínimo, a la mitad de los alumnos encuestados en países tan dispares como China o España y calcula que en la República de Corea el 81% de los alumnos de primaria y el 51% de los de secundaria recibieron clases particulares en el año 2014.


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